En 2004 el movimiento asociativo de padres consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ilegalizara la Orden autonómica de 7 de abril de 1997 del Gobierno Canario, que regulaba de forma restrictiva los derechos de los padres de los niños superdotados, respecto a los derechos reconocidos en la ley orgánica que pretendía desarrollar el procedimiento de realización de las adaptaciones curriculares del centro y las individualizadas en aquella Comunidad Autónoma.

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El otro frente abierto en los Tribunales de Justicia ha sido la defensa de los derechos educativos personales de cada niño, cuando estos quedaban restringidos en la escuela o se retrasaba la aplicación de la adaptación curricular estipulada por los Centros de Diagnóstico independientes de la Administración. Sólo en la Comunidad Canaria se presentaron más de cincuenta casos.

La psicóloga Coks Feenstra relata esta lucha en su magnífico libro El niño superdotado que, a modo de resumen, acaba con esta frase: «En todos los casos las escuelas y sus equipos psicopedagógicos se han visto obligados a aplicar las recomendaciones estipuladas por los Centros de Identificación en sus informes».

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