El Gobierno Balear ha realizado un borrador de decreto por el que pretende regular la atención a la diversidad. Incluye tanto el diagnóstico de los alumnos superdotados y de altas capacidades como el diagnóstico de las discapacidades: síndrome de Asperger, síndrome de déficit de atención con hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, etc.

El sistema educativo se adjudica a si mismo la facultad de realizar todos los diagnósticos a los niños sin importar la titulación ni la experiencia del funcionario que los realice.

La administración educativa de Baleares, va más allá de otras administraciones, que adjudican los diagnósticos de los niños a los miembros de los equipos de asesoramiento psicopedagógico, pensando que algunos de ellos ya son psicólogos, lo cual vulnera la Ley de Autonomía del Paciente que reconoce el derecho de los padres a la libre elección de centro de diagnóstico, vulnera la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, por cuanto a que vulnera el derecho de los padres a que el equipo multidisciplinar que realiza el diagnóstico cuente con un profesional con competencias sanitarias, y vulnera la Ley de Defensa de la Competencia, por cuanto a que el sistema educativo deriva a sí mismo, discriminando a los profesionales de los centros especializados que cuentan con todas las titulaciones necesarias. Asimismo, quien realice tales diagnósticos sin la titulación necesaria vulnera el Código Penal en su artículo 403 .

El Gobierno Balear, mediante este borrador de decreto, adjudica los diagnósticos a los mismos profesores y tutores. Eso sí, evitando la palabra diagnóstico, y utilizando en su lugar el concepto "detección" o "evaluación psicopedagógica" para realizar las funciones propias del diagnóstico.
La ilegalidad es de idéntica gravedad, tanto si se adjudica el diagnóstico a quien no tiene la titulación necesaria para ello, como si las mismas personas realizan las funciones del diagnóstico, cambiando eufemísticamente la palabra.

En efecto, el artículo 20 señala en su punto 1: "La detección de posibles necesidades educativas corresponde a los equipos docentes bajo coordinación del tutor del grupo"

No se trata de la detección como primer paso hacia el diagnóstico clínico completo, sino de realizar bajo la denominación de detección, o de evaluación psicopedagógica las funciones del diagnóstico, que es el que permite deducir las verdaderas necesidades educativas. Así el punto 3 de este artículo 20, señala: "3. La respuesta educativa se iniciará paralelamente a la detección de necesidades y se irá adaptando según el proceso de confirmación o de evaluación psicopedagógica”.

Y, ¿Qué ocurre cuando los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, realicen el diagnóstico de sus capacidades, haciendo uso de su derecho de libre elección del centro de diagnóstico, y aporten al colegio el dictamen del diagnóstico clínico completo realizado por centro especializado, elegido por los padres, que cuenta con todas las titulaciones legalmente necesarias? El borrador del decreto ya lo ha previsto respondiendo que no hay que hacer caso de lo que digan los padres ni de lo que digan los especialistas aunque tengan gran experiencia y todos los títulos necesarios y emitan un certificado médico oficial. Así lo indica el punto 6 del mismo artículo número 20: “Los informes clínicos o de otro tipo aportados por las familias que sean externos al centro y a los servicios de orientación educativa, tendrán carácter informativo y complementario. Constituirán un elemento más a tener en cuenta en el proceso de evaluación psicopedagógica”.

Esta barbaridad equivale a decir algo así como: "en este cuartel si alguien aporta una orden de los Generales, ésta tendrá carácter informativo y complementario. Constituirá un elemento más a tener en cuenta en la tertulia que hagamos los sargentos”.

Evidentemente, si este conjunto de sinrazones, tremendamente dañinas para los niños, llegan a constituir un texto legal, deberá iniciarse inmediatamente el correspondiente proceso judicial de ilegalización de ley.

El Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades ha elaborado un amplio y documentado informe que pone de manifiesto los gravísimos errores científicos y jurídicos de este borrador de decreto, que se remitió al Gobierno Balear.

Informe completo del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades: Click aquí

Texto completo del borrador del proyecto legislativo del Gobierno Balear: Click aquí

Respuesta del Gobierno Balear Click aquí

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